Con ocasión de la conmemoración de los 40 años del golpe militar de 1973, los abajo firmantes –pertenecientes a generaciones post 1973 que crecieron siendo testigos de una sociedad profundamente dividida– consideramos necesario escribir esta carta abierta compartiendo nuestra reflexión política acerca de los duros hechos del pasado y de cara a los desafíos del presente.

Al hacerlo, nuestro objetivo es contribuir a establecer mínimos comunes transversales sobre los cuales fundar una convivencia política más profunda y robusta. No se busca, por ende, afirmar ciertas narrativas históricas sobre lo sucedido en Chile ni menos juzgar la eventual ‘superioridad moral’ de un sector sobre otro, ejercicios que sentimos no nos corresponden y que son, en cualquier caso, profundamente inconducentes al objetivo de la reconciliación. No obstante ello, queremos afirmar lo siguiente:

1. El golpe de Estado fue la culminación de un proceso de deterioro de la convivencia cívica y de erosión transversal en los valores democráticos y republicanos que habían sustentado la vida política nacional desde al menos 1932. Creemos que las causas de este deterioro fueron complejas y trascienden lo que aquí es nuestra intención abordar, pero ciertamente protagonista entre ellas fue la creciente validación de la violencia como método para conseguir objetivos políticos. La afirmación ideológica del camino de la violencia, el apoyo explícito o tácito a acciones políticas violentas y los llamados a la intervención de las FF.AA., fueron todas formas concretas de dicha validación. Por ello, no queda sino reafirmarlo con total claridad: la violencia como vía de acción política es radicalmente incompatible con la democracia, y el abandono de este principio fundamental estuvo al centro de las causas que llevaron finalmente al 11 de septiembre de 1973. 

No obstante, creemos que incluso en la dificilísima situación política, económica y social de entonces, un golpe de Estado no era ni puede ser una manera aceptable de resolver incluso profundas diferencias políticas. Con ello no queremos desconocer la profunda complejidad política que entrañó para millones de chilenos tener que escoger entre apoyar una salida armada a la crisis económica e institucional de entonces, o continuar obedeciendo a un régimen que, para muchos chilenos, parecía haber abandonado un compromiso con la legalidad vigente. Con todo, reafirmamos que una comprensión ponderada de las causas y circunstancias del golpe –un ejercicio clave en el cual seguimos en deuda como país– no es sustituto de una clara condena al mismo como forma de zanjar crisis económicas, políticas o institucionales, por agudas que éstas sean.

2. No obstante lo anterior, e independientemente del análisis que cada chileno haga respecto al golpe de Estado y de sus causas, creemos que es fundamental separar dicho análisis de lo que sucedió después: una política de gravísima y sistemática violación de derechos humanos seguida por la dictadura durante sus 17 años en el poder. Un piso compartido de nuestra convivencia política futura debe ser, ineludiblemente, la más absoluta condena a todas y cada una de las violaciones cometidas en ese aciago período de nuestra historia. Simplemente no hay compatibilidad posible entre defender la democracia y justificar –siquiera parcialmente– una política de violaciones a los derechos humanos y de uso del aparato del Estado como instrumento de terror. Por cierto, si esa condena es seria debe también ser universal: ni en Chile, ni en ninguna parte del mundo la violación de derechos humanos es compatible con la democracia.

3. Si bien la transición política chilena a la democracia fue en muchos sentidos ejemplar –y una muestra de enorme responsabilidad política por parte de los dirigentes de la época–, ella tuvo inevitablemente sombras que nos han seguido penando. Creemos que, a 40 años del Golpe y a más de 23 de recuperada la democracia, es posible hacer un esfuerzo colectivo adicional para, progresivamente, ir superando los fantasmas de un período histórico que sigue marcando –y manchando– la convivencia nacional. Creemos que este esfuerzo requiere avanzar en varios frentes distintos:

a. El primero es en términos de subsanar déficits de verdad y justicia. Primero, creemos que se deben apoyar todos los esfuerzos para la investigación de los crímenes de Estado cometidos durante la dictadura y la sanción de los responsables. Paralelamente a la vía judicial, y conscientes de los esfuerzos que ya se han hecho en el pasado, apoyamos la continua búsqueda de fórmulas institucionales o políticas (como programas de delación compensada u otras) que permitan que se conozcan los crímenes cometidos, sus autores y, sobre todo, el paradero de aquellos detenidos desaparecidos que aún se ignora.

b. Un segundo frente apunta a una dimensión personal, y refiere a la capacidad de pedir perdón y de perdonar. Creemos que la reconciliación nacional requiere también de esta dimensión ética, no institucional, que constituye el fundamento humano de un reencuentro verdadero. En esto no puede haber emplazamientos individuales ni caza de brujas, pues el pedir perdón sólo puede ser auténtico si es hecho libremente. Por lo mismo, tampoco caben las condicionalidades ni la búsqueda de empates morales.

Algunos notables ejemplos que hemos visto a lo largo de los años de personas que se han atrevido a dar este paso nos alientan a pensar que este camino es posible. Hacemos, por ende, un humilde llamado a las personas de todos los sectores que se sientan interpelados por esta reflexión, a pedir y ojalá dar perdón, en la medida de sus posibilidades.

c. Finalmente, creemos que es imprescindible avanzar también en la dimensión netamente política de la reconciliación. Ello, puesto que si bien las responsabilidades éticas y penales son individuales, las responsabilidades políticas son en buena medida colectivas. Creemos que los partidos y dirigentes de todo el espectro que aún no lo hayan hecho, pueden realizar un proceso de reflexión y autocrítica pública respecto al rol que jugaron en el proceso de quiebre de nuestra democracia en 1973.

Adicionalmente, creemos que los partidos de la Alianza harían una enorme contribución a la reconciliación nacional si estuvieran dispuestos a realizar una suerte de quiebre histórico con su voluntaria identificación con, y defensa del, Gobierno (Cívico-)Militar. Desde luego, la “obra” de éste en términos de políticas públicas puede ser valorada legítimamente por muchos. Pero dichas políticas no pueden ser puestas en una suerte de balanza contra algo tan profundamente inconmensurable a ellas, como son las violaciones a los derechos humanos de miles de chilenos –como si una cosa compensara la otra. Por de pronto, tanto Renovación Nacional como la Unión

Demócrata Independiente podrían empezar por quitar de sus respectivas declaraciones de principios la referencia a la “acción libertadora [de las Fuerzas Armadas] del 11 de Septiembre de 1973, que salvó al país de la inminente amenaza de un totalitarismo irreversible y de la dominación extranjera, culminando así una valiente resistencia civil y recogiendo un clamor popular abrumadoramente mayoritario”. El solo hecho de remover esta frase de los principios de cada partido constituiría una potente señal de que su vocación democrática es efectivamente incondicional (es decir, no meramente instrumental) y de que comparten lo señalado en el primer punto de esta carta, en el sentido de que los golpes de Estado no son una manera legítima de resolver incluso graves diferencias políticas. Crear una centroderecha cuyo ethos más profundo no esté asociado a la defensa política de una dictadura nos parece la mejor contribución que las actuales generaciones de dicho sector le podrían hacer a la democracia chilena y a las generaciones futuras, independientemente de que defiendan (o no) las reformas políticas y económicas concretas que dicho gobierno realizó, materias que son parte legítima del debate de cualquier democracia sana.

Por último, nos gustaría reiterar que cada uno de estos puntos busca establecer un estándar razonable de mínimos comunes democráticos sobre los cuales construir una comunidad política. A ya 40 años del Golpe, creemos que afirmar el rechazo incondicional a la violencia política en todas sus formas, y afirmar de modo igualmente incondicional la inviolabilidad de los derechos humanos de cada persona, debieran ser mínimos comunes transversalmente aceptados. Por su parte, y reconociendo lo difícil de la tarea de la reconciliación nacional dada la profunda carga emocional que conllevan los trágicos hechos que dividieron a Chile, creemos que colectivamente podemos hacer más. Nuestro llamado a generar las condiciones para seguir avanzando en perdón, justicia y afirmación pública de valores democráticos es, pues, un intento por ayudar a construir un país donde todos nos podamos mirar a los ojos sin rencor y donde las nuevas generaciones puedan habitar la memoria, sin por ello cargar con las pesadas mochilas del pasado.

Cristóbal Bellolio, Daniel Brieba, Gonzalo Bustamante, Ignacio Briones, Max Colodro, Jorge Fábrega, Camilo Feres, Jorge Ferrando, Andrés Hernando, Francisco Irarrázaval, Hernán Larraín M., Davor Mimica, Roberto Munita, Macarena Ponce de León, Slaven Razmilic, Lorena Recabarren, Javier Sajuria, Rafael Sánchez, Sergio Urzua, Valentina Verbal, Paz Zarate.

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