La Defensoría del Pueblo presentó hoy el Reporte de Conflictos Sociales N°115, el cual da cuenta —entre otros aspectos— que durante el mes de septiembre se registraron siete nuevos conflictos, dos de ellos ubicados en la región Apurímac y otros dos en la región Puno, los tres restantes se sitúan en las regiones de La Libertad, Lima Provincias y Lambayeque. 

Durante el período en mención, se han identificado un total de 223 conflictos sociales a nivel nacional, siendo 175 de ellos activos y 48 en estado latente. Cabe indicar que Áncash (30), Apurímac (23) y Puno (15) son las regiones con la mayor cantidad de conflictos sociales.

Los conflictos socio–ambientales siguen siendo los más numerosos con 148 casos, y la minería la actividad más vinculada a la conflictividad, representando el 48% del total de casos registrados. Por ello la Defensoría del Pueblo muestra su preocupación por el incremento continuo de conflictos de esta naturaleza, en especial, aquellos relacionados a la minería informal, que en la actualidad representan 24 conflictos en 11 regiones del país.

Con respecto a los conflictos nuevos, la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad informa que tres de estos conflictos son socio-ambientales, el primero se ubica en el distrito de Otuzco, en La Libertad, donde los mineros artesanales exigen a la Presidencia del Consejo de Ministros, que cumpla con los acuerdos asumidos el 20 y 22 de agosto de 2013 en el marco del proceso de diálogo entre el Estado y sus representantes.

El segundo conflicto surge en el distrito de Oyón, en Lima provincias, donde pobladores de las Comunidades Campesinas de Lauricocha demandan a la compañía minera Raura S.A., por incumplimiento de acuerdos y supuesta afectación ambiental. El tercer caso corresponde a los mineros informales de La Rinconada, Sandia, Carabaya, entre otras provincias de la región Puno, que se movilizaron contra las medidas de formalización de dicha actividad y en rechazo a las acciones de interdicción que promueve el gobierno.

Además, se registraron dos conflictos por asuntos de gobierno local. El primero se desarrolla en la ciudad de Chiclayo, donde el Segundo Juzgado Civil de dicha ciudad ha dispuesto el reordenamiento y desocupación del comercio ambulatorio en el mercado Modelo, en cumplimiento de las normas de Defensa Civil. Los comerciantes han manifestado su rechazo a la medida y han exigido dialogar con la comuna para que se les otorgue un plan de reubicación, de lo contrario, informaron que no desalojarán la zona. En este caso, se exhorta a los comerciantes, a la Policía Nacional y al Ministerio Público a salvaguardar los derechos de la población.

El segundo caso se localiza en la provincia de Huancané – Puno, en el que pobladores de ésta ciudad cuestionan la gestión municipal, demandando la salida de funcionarios y la ejecución de obras, por lo que realizaron un paro del 17 al 19 de septiembre.

Igualmente, se presentaron dos conflictos comunales en Apurímac; el primero de ellos involucra a las comunidades campesinas de Sabaino y Huaquirca, las cuales afirman que la zona de Supayco Q´ocha está dentro de sus respectivas jurisdicciones. El segundo es el referido a una disputa territorial, donde la comunidad de Chacña acusa a la comunidad de Caihuachahua de haber invadido sus territorios, desconociendo los planos e hitos que establecían los límites entre ambas.

El Reporte de Conflictos Sociales N°115 da cuenta de que en septiembre se resolvieron tres conflictos; dos laborales y uno por asuntos de gobierno nacional. El primero, de carácter laboral se resolvió en el distrito de Canaria, provincia de Víctor Fajardo – Ayacucho, donde los trabajadores de la Sociedad Minera Catalina Huanca exigían un monto adicional a las utilidades generadas en el 2012. Actualmente, las relaciones laborales han sido restablecidas y las labores se desarrollan normalmente, tras la suscripción de un acta de acuerdos.

El segundo conflicto resuelto corresponde al pedido de aumento en las remuneraciones de los trabajadores penitenciarios de las regiones de Áncash, Ayacucho, Cusco, Ica y Lima, realizado por el Sindicato de Trabajadores del INPE, el cual fue atendido mediante la Ley 29709 y su respectiva reglamentación.

Por último, los pobladores y transportistas de servicio público de las provincias de Ambo, Dos de Mayo, Yarowilca, en la región Huánuco, que exigían al Ministerio de Transporte y Comunicaciones la mejora de la Carretera Central y la vía Huánuco – La Unión, lograron firmar un acta, en la que el Poder Ejecutivo se comprometía a iniciar inmediatamente las obras de reparación. Cabe destacar, que gracias al apoyo de la Oficina Defensorial en dicha región se pudo contener la violencia durante las protestas iniciadas el pasado 9 de septiembre.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo informa a la ciudadanía que la Adjuntía de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad viene reportando entre cinco y 10 nuevos casos nuevos por mes a mes, si bien,la violencia ha disminuido, ello no implica que los reclamos persistan, por lo tanto, se recomienda no bajar la guardia en su atención.