(ANDINA). Los familiares de las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos tomarán acciones legales contra el juez supremo, Segundo Morales Iparraguez, por dar trámite al pedido de arresto domiciliario para Alberto Fujimori, cuando "carece de legalidad", anunció una de sus representantes.

Gisela Ortiz, familiar de uno de los estudiantes de La Cantuta asesinado por el grupo Colina en 1992, informó que presentarán una queja contra el referido magistrado ante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y el organismo de control interno del Poder Judicial, porque, según afirmó, "se extralimitó en sus funciones". 

"Lo grave es que haya jueces que admitan pedidos absurdos, carentes de legalidad, que deberían ser rechazados, dando una sensación de inseguridad a las víctimas de esa violencia", alegó.

Por eso, agregó, "vamos a presentar una queja contra el juez supremo Morales, porque es un magistrado que no conoce las limitaciones de este tipo de pedidos ", expresó.

Dijo también que informarán a los organismos internacionales sobre este hecho, al recordar que el Estado peruano perdió una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), por los casos Barios Altos y La Cantuta, "y hay un fallo que se tiene que cumplir".

"Periódicamente informamos sobre los avances o retrocesos, que se pueden producir, en el marco del cumplimiento de la sentencia", refirió.

Señaló que los deudos se encuentran indignados e intranquilos por esta situación porque se discute la posibilidad de excarcelar a quien fue condenado como responsable mediato de la desaparición y asesinato de sus seres queridos, para que cumpla su sentencia en su vivienda.

Recordó que el Código Penal no contempla la aplicación de la figura del arresto domiciliario para condenados con pena efectiva.

En su opinión, el magistrado estaría vulnerando el derecho a la justicia de los familiares de las víctimas, que fue resarcido en parte con la condena a 25 años de prisión efectiva contra Fujimori por delitos de lesa humanidad y corrupción.

"Y ahora se pretende nuevamente lograr impunidad. Fujimori debe cumplir su pena en prisión por los delitos cometidos", anotó.

Según comentó, es lamentable que algunos jueces se presten al juego de la defensa legal de Fujimori y gasten recursos del Estado en discutir recursos "que a todas luces carecen de argumentos jurídicos".

Por ese motivo, añadió, es natural que la parte demandante apele al sentido humanitario al juez para resolver dicha solicitud.

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