La Corte Suprema de Argentina declaró hoy constitucional la polémica ley de medios audiovisuales y puso fin a una batalla legal de casi cuatro años entre el Gobierno argentino y Clarín, el mayor grupo multimedia del país, informaron hoy fuentes judiciales. 

Por mayoría, el máximo tribunal argentino falló a favor de la constitucionalidad de todos los artículos de la ley, incluidos los cuatro cuestionados por el grupo multimedia, que regulan las transferencias de licencias y los plazos de aplicación de la norma, informó el Centro de Información Judicial.

"La ley 26522, en cuanto regula la multiplicidad de licencias de modo general, es constitucional, porque es una facultad del Congreso, cuya conveniencia y oportunidad no es materia de análisis de los jueces", argumentaron los miembros de la Corte Suprema.

En la sentencia, los jueces señalaron que deben protegerse los derechos de propiedad de los licenciatarios mediante una indemnización y afirmaron que muchas de las cuestiones que se plantearon durante el juicio se resolverán en la etapa de aplicación de la ley.

Además, destacaron que los medios públicos "no deben ser meros instrumentos de apoyo a una política de Gobierno" y exigieron que la ley se aplique "respetando la igualdad".

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue aprobada por una amplia mayoría del Congreso argentino en 2009, en sustitución de otra, sancionada en 1980, durante el último régimen militar, pero una medida cautelar a favor de Clarín había frenado hasta hoy su completa aplicación.

La norma fija para los medios privados de difusión nacional un máximo del 35 % del mercado en cobertura de televisión de aire y un 35 % de abonados en televisión de cable, 10 licencias de radio, 24 de televisión por cable y una de televisión por satélite.

El fallo supone un fuerte espaldarazo para el Gobierno argentino dos días después del voto de castigo recibido en los comicios legislativos, donde el oficialismo se mantuvo como primera fuerza nacional, pero perdió más de 20 puntos respecto a las presidenciales de 2011.

Fuente Efe

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