El 31 de octubre se supo que la congresista fujimorista Martha Chávez fue elegida coordinadora del Grupo de Trabajo de Evaluación de la Política de Derechos Humanos. Ella, quien tanto ha despreciado los derechos humanos irónicamente pretenderá ejercer un control sobre las organizaciones que los defienden. Las protestas e indignación no se han hecho esperar y se está recoletando firmas para pedirle al parlamento que retroceda en esta decisión. En esta coyuntura, Raida Cóndor, madre de una de las víctimas de La Cantuta, que ha pasado los últimos 23 años buscando justicia, envió al diario La República esta carta que está dirigida al presidente del Congreso y que compartimos con ustedes.

Señor

Fredy Otárola Peñaranda

Presidente del Congreso de la República.

Ante la reciente designación de la señora Martha Chávez Cossío como coordinadora del Grupo de Trabajo de Evaluación de la Política de Derechos Humanos del parlamento debo manifestarle lo siguiente:

Como madre de Armando Richard Amaro Cóndor, estudiante de 25 años de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle–La Cantuta, asesinado y desaparecido por el Destacamento Colina la madrugada del 18 de julio de 1992, su nombramiento representa una afrenta a la memoria de nuestros hijos, a la larga y tenaz lucha por verdad y justicia que emprendimos hace más de dos décadas.

Es inaceptable para quienes mantenemos la memoria fresca y no olvidamos el rol que ella cumplió en los años de la dictadura, sin que a la fecha haya renovado su discurso de desprecio a los derechos humanos y a quienes nos hemos encargado de defenderlos.

La señora Chávez tiene una trayectoria vergonzosa, que siempre ha garantizado la impunidad desde el Congreso al defender y avalar la absurda tesis de que Bertila Lozano, Dora Oyague, Enrique Ortiz, Armando Amaro, Heráclides Pablo, Robert Teodoro, Felipe Flores, Juan Mariños, Marcelino Rosales y Hugo Muñoz, estudiantes y profesor de La Cantuta se habían “autosecuestrado”. Avaló que, en febrero de 1994, se promulgara “La Ley Cantuta” que permitió que el caso se derive al Fuero Militar, así como en junio de 1995 respaldó la “Ley de Amnistía” que permitía que todos los militares responsables salieran libres.

Ese Escuadrón de la Muerte, al que defendió la señora Chávez, fue el que secuestró a mi hijo, lo asesinó, lo enterró en fosas clandestinas, lo desenterró para luego desaparecerlo y quemarlo con combustible. Formó parte de ese gobierno que nos entregó los restos en cajas de leche, como si la vida de nuestros familiares no significara nada.

Con la complicidad del gobierno de Alberto Fujimori, parlamentarios como Martha Chávez, se encargaron de enlodar la memoria de nuestros familiares, acusándolos de pertenecer a movimientos subversivos, tratando de justificar sus muertes. Pero el 7 de abril de 2009, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, presidida por el Dr. César San Martín, sentenció a Alberto Fujimori a 25 años de prisión por su responsabilidad como autor mediato en la comisión de los delitos de Homicidio Calificado y Asesinato, señalando que constituyen Crímenes Contra la Humanidad. Y como parte de la sentencia se determinó que los nueve estudiantes y el profesor de La Cantuta no eran “terroristas”.

21 años después, mi hijo Armando sigue desaparecido y con ello negándome el derecho a enterrarlo con dignidad tal como lo señaló la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el año 2006, lo que a la fecha el Estado no ha cumplido con la integridad del mandato internacional.

Finalmente, quiero pedirle que el Congreso de la República se retracte y enmiende el error por el bien del país.

Con decepción.

Raida Cóndor Sáez

Santa Anita,

2 de noviembre de 2013

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