(ANDINA). La Contraloría General de la República informó hoy que detectó presuntas irregularidades en el proceso de selección y ejecución de proyectos de inversión pública del Gobierno Regional de Cajamarca, que involucra más de 130 millones de nuevos soles. 

Precisó que en estas irregularidades habrían participado autoridades, funcionarios de esta entidad, así como representantes de las empresas contratistas.

Los hechos se produjeron entre los años 2011 y 2012 a raíz que el mencionado gobierno regional transfirió 666 millones 474,000 nuevos soles a la Unidad Ejecutora de Programas Regionales (Proregión), con la finalidad de que se ejecuten proyectos de inversión pública en su jurisdicción.

Los proyectos comprendían la construcción de hospitales, obras de electrificación y muros de contención por más de 130 millones de nuevos soles. La comisión auditora verificó que los hospitales no fueron construidos.

Del mismo modo, las obras de electrificación fueron ejecutadas, pero se encuentran inoperativas, mientras que los muros de contención existían desde antes de la firma del contrato.

De la revisión efectuada a la documentación de la entidad regional, la comisión halló presuntas irregularidades que denotan indicios de colusión entre funcionarios, servidores públicos y contratistas.

Entre las presuntas irregularidades detectadas, se tiene que los funcionarios del gobierno regional admitieron postores que no reunían los requisitos exigidos y los calificaron con puntajes que no les correspondían.

Esos mismos funcionarios participaron en los distintos procesos previos a la contratación (actos preparatorios, proceso de selección y ejecución contractual) y en su condición de miembros titulares y suplentes de los comités especiales, habrían organizado y conducido irregularmente los referidos procesos beneficiando a empresas y consorcios con la adjudicación indebida de la buena pro.

Se identificó que los postores presentaron información inconsistente sobre experiencia profesional de sus cuadros técnicos así como cartas fianzas fuera de la normativa vigente.

Pese a ello, funcionarios del Gobierno Regional aprobaron sus propuestas y suscribieron los contratos, permitiendo que se celebren sin la documentación requerida.

La Contraloría General remitió el resultado de la acción de control a la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción, en el marco del convenio suscrito con el Ministerio Público para dar celeridad a los casos que involucren presuntos delitos contra la administración pública con características de graves, complejos y de repercusión nacional.

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