El Gobierno de Brasil informó que han liberado a 49,353 trabajadores que estaban sometidos a condiciones degradantes análogas a la esclavitud en los últimos 20 años.
Para castigar estas prácticas, que incluyen jornadas laborales exhaustivas, servidumbre por deudas y el pago de salarios ínfimos, las autoridades brasileñas impusieron multas que suman 92,6 millones de reales (unos US$30 millones) a las 4,100 empresas responsables.
Los datos forman parte de un informe presentado hoy con motivo del vigésimo aniversario de la creación del grupo especializado en el combate a la esclavitud moderna del Ministerio de Trabajo.
En 2014 las autoridades brasileñas "rescataron" a 1,674 trabajadores en condiciones análogas a la esclavitud, que estaban empleados principalmente en los sectores de construcción civil (452), agricultura (358), ganadería (238), extracción vegetal (201), carbón vegetal (131), confección (115) e industria maderera (54).
De ese total, 102 eran inmigrantes de Bolivia, China, Haití, Paraguay y Perú, que en su gran mayoría, 96 de ellos, eran explotados en talleres de confección en Sao Paulo.
En lo que va de año, hasta el 6 de mayo pasado, el grupo de combate al trabajo esclavo liberó a otros 419 trabajadores de 55 empresas diferentes.
El ministro de Trabajo, Manoel Dias, afirmó hoy que Brasil es reconocido internacionalmente como "una referencia" en el combate a la esclavitud moderna, una práctica que calificó como "más nociva" que su forma tradicional, que se abolió en Brasil hoy hace exactamente 127 años.
"En 1888 abolimos la esclavitud, pero la esclavitud que se profesa hoy es más nociva, es más degradante, porque no se trata de propiedad, sino de una actividad efectiva que somete a la persona a condiciones degradantes y humillantes", dijo el ministro en un discurso.
Dias abogó por la necesidad de ofrecer educación, cursos de formación profesional y otros tipo de apoyo a los trabajadores liberados para evitar que sean "presas fáciles" de los empleadores que cometen abusos.
Del mismo modo, el ministro reiteró que está tratando que el Tribunal Supremo vuelva a permitir la divulgación de la "lista negra" en la que aparecen las empresas denunciadas por esclavizar a sus trabajadores.
El Supremo prohibió la divulgación de la lista el pasado diciembre a instancias de la patronal de las inmobiliarias (Abrainc).
A los integrantes de esta lista se les somete a cuantiosas multas; se les veta el acceso a las líneas de crédito de los bancos públicos y se les prohíbe firmar contratos o vender productos a organismos oficiales. (EFE)
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