(EFE).- América Latina y el Caribe conmemoran mañana el Día dedicado a la despenalización del aborto en esta región, donde hay varios países en los que está totalmente prohibido y mueren cientos de mujeres al año en operaciones clandestinas. 

Según la Federación Internacional de Planificación de la Familia/Región del Hemisferio Occidental (IPPF/RHO), el 95 % de los procedimientos de interrupción del embarazo que se realizan en América Latina sigue siendo inseguro y aproximadamente el 11 % de las muertes maternas ocurre como consecuencia de abortos inseguros.

Los organizadores de la campaña "28 de septiembre" consideran que es necesario garantizar un aborto, seguro y gratuito en todos los países de América Latina y el Caribe como un "asunto de derechos, un asunto de democracia".

Chile, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Haití, Surinam y República Dominicana son, según la web de la campaña, los países de la región donde el aborto está penalizado en todos los casos.

En el extremo opuesto están Cuba, Uruguay y el distrito federal de México, donde el aborto es libre y gratuito, en el primer caso antes de las diez semanas y en los dos últimos antes de la semana duodécima.

En el resto de países el aborto está despenalizado solo en determinadas circunstancias, pero la campaña señala que incluso en este grupo de naciones, las autoridades no garantizan su acceso de forma segura, gratuita y libre de estigma.

En algunos países, como Bolivia, donde el Tribunal Constitucional analiza desde hace varios meses una demanda para despenalizar el aborto, las actividades de la campaña se adelantaron a hoy.

Más de dos centenares de manifestantes formaron una alfombra roja en un plaza paceña para representar "la sangre de las mujeres que mueren por someterse a abortos inseguros".

Estudios citados por organismos feministas señalan que en Bolivia abortan cada año de forma clandestina entre 40.000 y 80.000 mujeres.

En Lima se llevó a cabo la misma protesta en los exteriores del Ministerio de Salud para reclamar que se apruebe inmediatamente un protocolo nacional de aborto terapéutico, como se denomina el que se realiza si la salud de la madre está en riesgo.

El aborto terapéutico está reconocido en el Código Penal peruano desde 1924, pero no está reglamentado porque "todos los gobiernos se lavan las manos", dijo a Efe la activista Mariela Jara.

"El hecho de que no exista un protocolo nacional impide y obstaculiza que se pueda brindar el servicio en todos los establecimientos públicos de salud", manifestó.

En Perú se practican al año 371.420 abortos inseguros, según cifras de las organizaciones de derechos de la mujer.

La Campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito realizará mañana un "abrazo verde" al Congreso argentino para reclamar el debate del Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y habrá otras marchas y actividades en varias ciudades.

El aborto está prohibido por ley en Argentina, salvo cuando el embarazo es producto de una violación o cuando está en riesgo la vida de la mujer, pero al año se registran alrededor de 500.000 interrupciones voluntarias del embarazo, según cifras oficiales.

También según cifras oficiales, en Honduras, uno de los países donde la prohibición es total, se registraron en 2012 unos 2.000 abortos de unos 50.000 embarazos de adolescentes.

El Código Penal hondureño castiga a quien se someta a un aborto con penas de tres a diez años de prisión, las mismas que deberá cumplir el médico que lo practique, además de pagar una sanción de 15.000 a 30.000 lempiras (726 a 1.450 dólares).

En El Salvador, el castigo para la mujer es de dos a ocho años de cárcel, pero en muchos casos la Fiscalía cambia el tipo de delito y las procesa por homicidio agravado contra su hijo, lo que eleva las penas hasta un máximo de 50 años de prisión, según la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico.

La ONG Grupo Estratégico por la Despenalización del Aborto Terapéutico de Nicaragua aprovechará el Día Internacional para destacar que la Corte Suprema no ha dado respuesta a un recurso por inconstitucionalidad que interpuso contra la penalización del aborto terapéutico, una figura contemplada en el Código Penal.

En Panamá la despenalización es solo para dos supuestos (violación y riesgo de vida para la madre) y desde 2007 está archivada una iniciativa que pretendía introducir excepciones o rebajas de pena por el delito de aborto, ante las protestas de la Iglesia Católica y grupos cívicos.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU pidió en marzo pasado a Paraguay que modifique su legislación sobre el aborto e incluya excepciones que lo despenalicen en caso de violación o incesto, pero no hay ninguna iniciativa legislativa para llevarlo a cabo.

En Colombia el aborto está permitido desde 2006 en tres situaciones: en caso de violación, de peligro para la salud física o mental de la madre o por graves malformaciones o problemas graves de salud del feto.

El número de abortos ilegales en este país se sitúa anualmente entre los 300.000 y los 400.000, según distintas organizaciones.

El aborto está prohibido en Chile por una norma impuesta por el dictador Augusto Pinochet en 1989, que modificó el artículo del Código Sanitario que desde 1931 permitía el aborto terapéutico.

De los nueve candidatos para las elecciones presidenciales de este año, seis están a favor de la despenalización, aunque todos ellos con ciertas condiciones.