Las voces de alarma sobre una supuesta pérdida de competitividad en el sector minero peruano, atribuible a acciones provenientes del sector ambiental, son recurrentes y reiteradas. Podemos interpretar esas voces en el contexto de la histórica resistencia a las reglas ambientales; analizarlo a la luz del habitual juego político de búsqueda de culpables; o finalmente entenderlo y saber que es un reto más a los que se enfrenta diariamente el Ministerio del Ambiente.

Pero cuando la información proviene de un reporte a cargo de una de las consultoras más prestigiosas a nivel internacional como McKinsey & Company, dirigido a quienes asisten a una convención como Perumin 2013, resulta exigible metodologías claras, solidez en la fuente de información, fundamentación de las conclusiones y rigurosa argumentación de las hipótesis.

Ello, sin embargo, no estuvo presente en parte de su exposición realizada en Perumin 2013 ni en algunas de las conclusiones contenidas en el documento Diagnóstico de la competitividad y de la salud del sector minero peruano que sustentó.

McKinsey & Company señala en el documento antes citado: “La visión del Perú ante inversionistas nacionales e internacionales ha empeorado significativamente (el país pasó del puesto 8 de 71 en el ranking Fraser en 2008/09, al puesto 38 de 96 en 2012/13)”, y agrega: “Este deterioro institucional se ha debido a tres causas. Primero, la incertidumbre generada por los cambios regulatorios crecientes (por ejemplo, la ley de consulta previa, la implementación del Servicio Nacional de Certificación Ambiental (Senace), el desarrollo de Zonas Económicas Ecológicas o ZEE, la definición de estándares de calidad de aire (ECA) y ante la ejecución de la ley (por ejemplo, en Puno, el gobierno nacional revocó las concesiones mineras otorgadas a Bear Creek en el proyecto Santa Ana)”.

Un lector que no cuente con más información que la citada podría concluir: i) Hemos tenido una caída abrupta de 30 puntos en cinco años; ii) esta caída se ha producido por decisiones legislativas asumidas por este gobierno; iii) esta conclusión se extrae de lo analizado en el ranking Fraser en su encuesta sobre compañías mineras 2012/2013. Sin embargo, todas ellas serían conclusiones equivocadas por la falta de información complementaria de la que adolece el reporte.

El ranking en detalle

El ranking Fraser es una encuesta sobre compañías mineras reconocida como un referente sobre la percepción en torno a la competitividad en el sector minero. La base de cálculo utilizado por el Instituto Fraser ha variado cada año, habiendo comparado 64 jurisdicciones en los años 2005/2006; 65, 68, 71, 71, 72 y 79 en los años subsiguientes, llegando a 96 en la encuesta 2012/2013. Cualquier lector sabrá de inmediato que no es posible hacer análisis comparativo, como lo hace McKinsey en su reporte, sin llevar la encuesta a una base común, es decir, a una base de 100.

Dicho esto demos al lector información complementaria no proporcionada por McKinsey:

i) El ranking Fraser no compara 96 países, sino 96 jurisdicciones, que en algunos casos son países, pero en otros son provincias o estados de países federales.

ii) El índice I -es decir, el Policy potential index que no ha sido mencionado- es el más amplio por la variedad de preguntas que refleja en temas como tributación, tierras, ambiente e infraestructura; en ese índice, sobre una base de cálculo común (sobre 100), el Perú pasó del puesto 42 al 61 entre el 2008 y el 2011, y se recuperó al 60 en los años 2011/2013; saque el lector la conclusión sobre en qué momento se produjo la caída y en qué momento la recuperación.

iii) McKinsey sólo se refiere al índice II relativo a ambiente de política vigente, que incluye regulaciones, restricciones al uso de la tierra, tributación, riesgo político e incertidumbre, que anima o desanima a los inversionistas a ingresar a la exploración. Como se ve, la regulación ambiental no es el fuerte de este índice. Tomando una base de cálculo común, pasamos del puesto 11 el 2008 al 17 el 2009 y al 28 el 2010. Es decir, en esos tres años tuvimos una caída de 1.5 veces y, si bien es cierto pasamos al puesto 54 el 2011, nos recuperamos al puesto 40 el 2012/2013.

iv) No hay ninguna referencia al índice III, relativo al comportamiento de la propia industria, donde se asume que sus políticas se basan en buenas prácticas. Ahí, desde una base de cálculo común (100) se ha pasado del puesto 6 en el 2008/2009 al 13, 19 y 15 consecutivamente y se ha llegado al 36 el 2012/2013.

v) No hay referencia tampoco a la tabla A4, donde se obtiene información de cuánto las regulaciones ambientales incentivan la inversión o más bien no persuaden al inversionista a hacerlo. Sobre el Perú se señala que el 12% considera que la incentiva, el 41% considera que no genera una atmósfera para no invertir, el 2% considera que no invertiría por ese factor, mientras que el 13% piensa que genera una atmósfera determinante para no hacerlo.

Si ello es así, podemos concluir que:

Lo afirmado por el reporte McKinsey es incompleto y genera conclusiones erradas al no precisar que la base comparativa no es necesariamente por países, al no plantear la progresividad de la caída y los momentos en que ella fue más significativa.

Concluir adicionalmente que la caída se debe a normas como la consulta previa, ZEE y creación de Senace es una hipótesis equivocada por su atemporalidad. Estas reglas no habían sido dictadas cuando se dio la mayor caída entre los años 2009 y 2011.

No mencionar el momento en que se canceló la concesión del Proyecto Santa Ana a Bear Creek puede interpretarse como una omisión involuntaria, pero dado el contexto en que se presenta la información puede llevar a otras interpretaciones. Esta concesión se canceló y hoy nos expone a un arbitraje internacional, el 24 de junio del 2011. Es decir, en el gobierno pasado.

Este artículo no pretende justificar nuestras propias omisiones, ni plantear excusas para lo que hacemos mal o lo que podríamos hacer más rápido. Es un artículo orientado a demandar que la información se entregue con los elementos requeridos para que el lector saque la conclusión más objetiva.

Columna de opinión publicada en Semana Económica Nº 1393