La ley aprobada decide el futuro de Petroperú sin el necesario debate para el logro del consenso, que sí tienen nuestros vecinos de la región. Si se trata de imponer sin discutir, se abre una Caja de Pandora que no deja otra alternativa que la confrontación, dice Humberto Campodónico, extitular de la empresa estatal, en su columna de opinión en La República.  

En todos los países de la región existe un consenso empresarial, político, académico –y hasta mediático– acerca de la necesidad de las empresas públicas para impulsar objetivos estratégicos.

En Chile, Codelco es la empresa de cobre más grande del mundo; y la estatal Enap las dos grandes refinerías. Igual con las estatales petroleras en Colombia, Brasil, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Argentina y Bolivia. Incluso la reciente reforma de México prevé la entrada de privados a la producción, pero manteniendo Pemex todos sus activos y escogerá los lotes que le interesan, quedando el resto para las licitaciones a privados.

No sucede así acá, por diferentes motivos, siendo uno de los principales la desastrosa gestión de García en el 85-90, cuando Petroperú y Electroperú fueron obligadas a vender por debajo de sus costos de producción, lo que generó enormes pérdidas contables y fue el argumento clave para la privatización de los 90.

Pero ante el fracaso de las privatizaciones (la producción de petróleo se redujo a la tercera parte) y el despilfarro –y hasta robo– de centenas de millones de dólares, la población protestó y llegó el arequipazo del 2002. El gobierno suspendió las privatizaciones y se fue por caminos menos conflictivos: concesiones de puertos, carreteras, Asociaciones Público Privadas.

Hubo tregua, pero no consenso, sobre las empresas públicas. El tema de fondo es el Art. 60 de la Constitución de 1993 que dice que la actividad empresarial del Estado es subsidiaria: solo se realiza allí donde los privados no puedan o no quieran realizarla. Así, estrictamente hablando, Electroperú y Petroperú no deberían existir porque la generación de electricidad y la refinación son actividades donde participan los privados.

Pero toda teoría es gris y es verde el árbol de la vida. En el 2004 una ley excluyó a Petroperú de la privatización y en el 2006 se dio la Ley 28840 para fortalecerla. Durante el segundo gobierno de García, Petroperú empezó el proyecto para la desulfurización requerida por ley.

Pero los ataques se mantuvieron. Desde el 2000, Petroperú no recupera el crédito fiscal por las ventas en la Amazonía (acumulado de S/. 1,200 millones) y este año serán S/. 220 millones adicionales. Cobra una suma irrisoria (US$ 10 millones anuales) por las plataformas marinas a Savia y no obtiene un retorno adecuado por el arriendo de los terminales costeros, desde Salaverry a Ilo. También carga con los pasivos de la 20530. Y así.

Pero hay logros importantes recientes. Se ingresó a la Bolsa de Valores y se adoptó el Buen Gobierno Corporativo. La refinería de Talara ganó el premio a la calidad otorgado por la SNI (medalla de plata en el 2011, de oro en el 2012). Claro, falta todavía una reingeniería clave para recuperar lo que, a propósito, le hicieron perder para liquidarla. Pero se terminó Talara y se consiguió que Talisman y Hess cedieran –gratis– el Lote 64, con lo cual la empresa vuelve a acceder a la renta petrolera.

Estaba todo listo, entonces, para la “flotación” de sus acciones en la BVL hasta el 20% del total, como manda la Ley 29817 del 2011. Así, aumentaría su rentabilidad en los próximos años desde el 4% actual (porque solo refina) hasta un 20 a 25% anual, como las mineras, las AFP y varias empresas industriales. Si la rentabilidad es baja, el “papel” no interesa a los inversionistas.

Paradoja: justo aquí se rompe la tregua. Si bien el Ministro Castilla aprueba la modernización de Talara (a lo que se resistía hasta ahora) y le otorga un aval, con el Art. 3 de la Ley se autoriza la venta del 49% de las acciones (Toledo y García han quedado a la izquierda). Y, lo que es más grave: el Art. 6 le impide entrar a nuevos negocios que impliquen la asunción de pasivos.

¿El objetivo? El Lote 64 de Petroperú, con 55 millones de barriles de reservas probadas e ingresos por US$ 5,000 millones y donde se está seleccionando al socio inversionista por un banco de inversión. Clave: el Valor Actual Neto (VAN) de la inversión en este Lote es US$ 400 millones y la tasa de retorno es enorme pues no hubo inversión inicial.

En comparación, Talara tiene una tasa de retorno de 9.6% y un VAN de US$ 134 millones. ¿Se va a dejar de explotar este lote que, además, le proporciona un mejor flujo de caja a la empresa? ¿Quién le va a anunciar esto al país? ¿Petroperú seguirá siendo solo Refinoperú?

Volvamos al tema de fondo: la ley aprobada decide el futuro de Petroperú sin el necesario debate para el logro del consenso, que sí tienen nuestros vecinos. Si se trata de imponer sin discutir, se abre una Caja de Pandora que no deja otra alternativa que la confrontación. Y de nuevo a discutir acerca de los cambios necesarios, no solo al Art. 60, sino al íntegro de la Constitución de 1993. Más temprano que tarde, el árbol verde de la vida pondrá otra vez en la agenda a las empresas públicas.