En su columna de hoy en La República, que titula 'Amores perros', el periodista Augusto Álvarez Rodrich se refiere al blindaje de la impunidad de los partidos políticos peruanos. La compartimos.  

Eso no es, lamentablemente, lo que ocurre en la política peruana, empezando por sus entidades fundamentales, los partidos, en los que, frente al problema de un miembro, prima un falso espíritu de cuerpo que derrota a la necesidad indispensable de que la incorrección de un integrante sea sancionada antes de que, por otorgársele el blindaje para la impunidad, se manche toda la institución y, con ello, a todos los participantes de la colectividad.

Sea por solidaridad, cohesión frente al rival, otoronguismo, o por el pragmatismo cómplice del ‘hoy por ti, mañana por mí’, se produce un blindaje que erosiona a la institución, como lo vemos en estos días.

La congresista Cenaida Uribe solo recibe expresiones de solidaridad de su bancada parlamentaria frente al cada vez más evidente tráfico de influencias que realizó a favor de la empresa Punto Visual –gerenciada por alguien vinculado a ella– para la colocación de sus paneles publicitarios en colegios públicos.

Ojalá que el presidente Ollanta Humala tenga pronto, en medio de los viajes que tiene que realizar, una expresión de toma de distancia. Al menos, un tuit de la primera dama Nadine Heredia serviría para clarificar el punto de vista de Palacio en lo que, salvo que se demuestre lo contrario, constituye un delito grave.

El regidor Pablo Secada protagoniza otro caso en el que se ha puesto en seria duda su posición ante las agresiones a la mujer. En estos temas, como en la corrupción o en la violación de derechos humanos, no hay transacción posible por más valiosa que, en muchos otros terrenos, sea la persona denunciada.

Salvo que se demuestre que las denuncias contra Secada son parte de una patraña inventada para bajárselo, el respaldo de Lourdes Flores –por más soltera que esté y pueda hacer lo que quiera– es incomprensible.

Por último, es una vergüenza que el Partido Aprista esté dispuesto, como acaba de señalar su secretario general Omar Quezada, a readmitir a la desaforada congresista Tula Benites solo porque la justicia le ha dado un salvoconducto que todos saben, empezando por su propio partido, que es una desfachatez ante la comprobada contratación delictiva de un empleado fantasma en su despacho para quedarse con el dinero.

Con líderes de partidos que terminan apapachando y blindando al delito, es muy poco lo que se podrá avanzar en el indispensable adecentamiento que requiere la política peruana.