Diario Público.- La Comisión de Investigación de la ONU para Corea del Norte ha publicado este lunes un extenso informe en el que constata masivas y sistemáticas violaciones de derechos humanos que alcanzan el nivel de crímenes contra la humanidad, como privación de alimentos, ejecuciones sumarias, desapariciones forzosas y tortura.

El documento, basado en testimonios de más de 240 personas, entre desertores y antiguos guardas de campos de presos políticos, prueba que Corea del Norte se estructura con un sistema de castas conocido como "songbun", que otorga a sus ciudadanos un estatus en base a razones ideológicas y políticas, y en función de la consideración social recibida, disfrutan o no de derechos fundamentales. "La gravedad, escala y naturaleza de esas violaciones de derechos revela que en Estado no tiene parangón en todo el mundo contemporáneo", según la comisión, establecida por el Consejo de Derechos Humanos en marzo de 2013.

El informe compara las atrocidades cometidas por el régimen norcoreano con las perpetradas por los nazis. Asimismo, recomienda la ONU remitir el caso al Tribunal Penal Internacional (TPI) y recuerda al jefe del Estado, Kim Jong-un, que como máximo responsable de todo el aparato del Estado debe asumir la responsabilidad de estos crímenes, de los que, a juicio del documento, existen amplias evidencias. Los responsables de estos delitos serían "cientos" de miembros del Ministerio Popular de Seguridad, el Ejército, los tribunales y del Partido de los Trabajadores de Corea, el partido único, todos ellos dependientes en última instancia del líder norcoreano.

En una carta remitida a Kim, el presidente de la comisión de investigación, el australiano Michael Donald Kirby, pide al Consejo de Seguridad de la ONU la imposición de "sanciones selectivas". "Estos funcionarios actúan, en algunos casos, bajo su control personal", denuncia Kirby en la misiva de tres páginas dirigida a Kim Jong-un e incluida en el informe.

El informe prueba que entre 80.000 y 120.000 prisioneros políticos están en estos momentos retenidos en cuatro grandes campos, donde son privados deliberadamente de alimento como forma de control y castigo y sometidos a trabajos forzosos. 

También se da "una total negación" de los derechos de libertad de pensamiento, conciencia y religión, además de los de expresión, información y asociación, subraya el documento. En su lugar, existe un potente aparato propagandístico y de adoctrinamiento que garantiza la obediencia ciega al líder e incita al odio nacionalista hacia otros Estados y sus nacionales, especialmente hacia Corea del Sur. En cuanto a China, principal aliado del régimen norcoreano, el documento señala que podría estar "ayudando e incitando crímenes contra la Humanidad" con sus deportaciones de emigrantes y disidentes norcoreanos de vuelta a su país, donde son sometidos a torturas e incluso ejecuciones.

Desde Pyongyang, el régimen ha rechazado "categórica y totalmente" el contenido del informe, que fue filtrado previamente por la agencia de noticias estadounidense Associated Press. Corea del Norte considera que este informe es "un producto de la politización de la cuestión de los derechos humanos por parte de la UE y Japón, aliados con la política hostil de Estados Unidos".