La Defensoría del Pueblo pidió hoy a los municipios del litoral peruano que fiscalicen las construcciones realizadas en predios adyacentes a las playas para verificar si los propietarios cumplen la Ley Nº 26856 que garantiza el libre acceso de la población a las playas. 

La primera adjunta (e), Claudia Del Pozo, explicó que los municipios tienen la facultad de abrir las vías de acceso correspondientes a las playas y recordó que estos espacios deben estar por lo menos cada mil metros.

"Además deberán permitir la entrada de vehículos motorizados como máximo a 250 metros de la línea de alta marea. A partir de dicho punto tiene que existir al menos un acceso peatonal hasta el balneario", recordó.

De otro lado, la funcionaria exhortó a las autoridades a informar sobre los terrenos de playa que hayan sido ganados al mar antes de la entrada en vigencia de la norma, los mismos que de contar con la constancia de la Capitanía de Puertos estarían exceptuados de lo señalado en la mencionada norma.

Asimismo, Del Pozo solicitó a las comunas difundir entre los funcionarios ediles responsables de las autorizaciones de construcción en zonas colindantes a las playas los alcances de la referida ley, a fin de evitar que se vulneren los derechos de los bañistas.

Finalmente, la representante de la Defensoría del Pueblo informó que, por ejemplo, las municipalidades de Canoas de Punta Sal, Zorritos y La Cruz, en la región Tumbes, han permitido la edificación de hoteles sin garantizar el libre acceso a las playas. (Andina)