El Congreso nacional tiene plena potestad para inhabilitar a un funcionario o exfuncionario público, incluidos los expresidentes de la República, aseguró hoy el exprocurador anticorrupción Julio Arbizu. 

"Hay muchos ejemplos de resoluciones legislativas que inhabilitan a funcionarios y que luego pasan al Poder Judicial", indicó.

De igual manera, agregó, si el Parlamento detecta la comisión de infracciones constitucionales "la consecuencia tendría que ser la inhabilitación e, igualmente, esto no tendría que pasar por el ámbito judicial", anotó.

Arbizu comentó así lo señalado por el expresidente Alan García en una amplia entrevista publicada hoy en el diario El Comercio.

En la misma, el líder aprista señala que "si el Congreso decide inhabilitarme, no tendría valor jurídico".

El argumento de García establece que, en mérito a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos "la inhabilitación política ocurre a consecuencia de una sentencia judicial previa".

"Solo si hay una, el Congreso inhabilita", añadió Alan García, quien gobernó el país en dos ocasiones y no ha descartado postular a un tercer mandato.

Por su parte, el legislador Juan Pari, de Gana Perú (y miembro de la "Megacomisión" que investigó al líder aprista), afirma que lo dicho por García "no es correcto, porque una decisión parlamentaria de ese tipo no tiene que pasar por el Poder Judicial".

Pari recordó que el exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000) "fue inhabilitado por una resolución legislativa, antes de que los casos penales en su contra se iniciaran". (Con información de Andina)