(EFE).- Una encrucijada legal ha envuelto al presidente ecuatoriano, Rafael Correa, luego que una comunidad indígena de la Amazonía resolviera proteger a tres opositores condenados a prisión por injuriarle. 

La comunidad quechua de Sarayaku, en una Asamblea, decidió proteger en su territorio, en plena selva amazónica, al legislador Cléver Jiménez, su asesor Fernando Villavicencio y al activista Carlos Figueroa, condenados a prisión por haber acusado a Correa, sin poder demostrarlo, de supuestos delitos de "lesa humanidad".

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la que acudieron los condenados, sugirió medidas de protección en favor de ellos ante la airada protesta del Gobierno de Quito, que dijo que el organismo no tenía competencia para hacerlo.

Invocando esas medidas de la CIDH, la comunidad Sarayaku decidió proteger a los imputados y abrió un duro debate jurídico que ha vuelto a enfrentar al Gobierno con la oposición.

El oficialismo ha cerrado filas y ha dicho que la actitud de la comunidad Sarayaku atenta contra una función del Estado como es la justicia.

Correa incluso ha calificado esa actitud como "extremadamente grave", pues para él podría crear un "nefasto precedente" y atentar contra el Estado de Derecho.

"Prácticamente tenemos una proclamación de un Estado soberano dentro del Ecuador, porque ellos se creen con la capacidad de desconocer una sentencia de un tribunal", recriminó el mandatario.

Por contra, dirigentes de Sarayaku justificaron su decisión al señalar que es el Gobierno quien se ha empeñado en desconocer las medidas cautelares de la CIDH.

En medio de esta encrucijada legal, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) ha dejado abierta una puerta de solución y ha visto en la colaboración entre la justicia indígena y la estatal, garantizada por la Carta Magna, ese resquicio para acabar con la polémica.

En una carta dirigida a los imputados y al propio Correa, la Inredh exhortó a Jiménez, Villavicencio y Figueroa a "acatar la sentencia" de la justicia estatal, tanto para no romper con el ordenamiento jurídico como para evitar efectos sobre la comunidad indígena que les ha acogido.

La solución parece ser fácil para Inredh, aunque ello demanda compromiso político de ambas partes y la ayuda de los tribunales de justicia.

Propone que "se disponga el cumplimiento de la sentencia (por parte de los condenados) con restricción de movilidad y trabajo comunitario en Sarayaku", es decir que la prisión sea la selva y la pena sea pagada con trabajo comunitario.

Sugiere la conformación de una "comisión de verificación" que vigile el cumplimiento de la solución jurídica que, entre otros objetivos, busca evitar una eventual "confrontación violenta".

"Consideramos que no es momento de ahondar las diferencias, sino de buscar alternativas que puedan satisfacer medianamente a las partes involucradas en este conflicto y, sobre todo, que no perjudiquen a terceros", sostiene el Inredh.

No obstante, de momento, los indígenas de Sarayaku y el Gobierno se mantienen en su posiciones, aunque la comunidad argumenta que en 2002, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) falló en favor de los nativos en un caso petrolero e impidió repetir una incursión de la fuerza pública en ese territorio.

Por ello considera que el Estado no podrá ingresar en esa comunidad para intentar apresar a los prófugos y además, que las medidas cautelares de la CIDH, que sugiere suspender la condena, está en plena vigencia.

Además, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Humberto Cholango, aseguró recientemente que los imputados ya no están en el territorio Sarayaku, aunque mantendrían la "protección humanitaria" definida por la comunidad.

No obstante, Cholango dijo que este caso podría poner en situación de vulnerabilidad a la comunidad indígena, ante lo que pidió que se sienten las bases para un diálogo entre las partes, una alternativa que de momento parece lejana.

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