El fiscal Contra el Crimen Organizado, Manuel Castro, afirmó hoy que las pruebas obtenidas durante las investigaciones demuestran que el suspendido presidente regional de Áncash, César Álvarez, constituyó una organización criminal y uso recursos públicos para contratar y reclutar personas que realizaron "actos delincuenciales", incluyend el sicariato. 

Durante la audiencia realizada en el Segundo Juzgado Penal Nacional, a cargo de Walter Sánchez, el fiscal afirmó que Álvarez "se aprovechó" de su condición de presidente regional para iniciar actividades destinadas a realizar cobros o diezmos por licitaciones y para eliminar, a través de esta organización, a sus opositores.

Dijo que previamente al asesinato de Ezequiel Nolasco, ocurrido este año, esta organización ordenó el asesinato de José Luis Sánchez Milla y el primer atentado contra el propio Nolasco, donde murió su hijo político.

Ambos hechos, según el fiscal que sustentó hoy su denuncia ante el Poder Judicial, se produjeron porque entorpecían las actividades irregulares de esta organización en Áncash y en El Santa, y tuvo como autores intelectuales a Álvarez y el alcalde de Chimbote, Luis Arroyo.

"A partir de estos acciones resaltantes se inició una política al margen de la ley para eliminar opositores, estas dos personas fueron los más tenaces contrincantes. El motivo fue por el malestar por la licitación de obras y porque cuestionaron un paquete de obras por 800 millones de soles", aseguró el fiscal.

Asimismo, añadió que el brazo político de la organización estaba constituido por Luis Arroyo y Hernán Molina, gerente general del gobierno regional, y que el dinero para sustentar sus acciones provenía de coimas por obras públicas y extorsiones a los contratistas.

En otro momento, el fiscal manifestó que el primer atentado contra Nolasco se decidió en la denominada "la centralita" y se encargó a Luis Arroyo, alcalde de Chimbote, la planificación del mismo.

También precisó que la organización, liderada por Álvarez, contaba con un grupo de efectivos policiales que brindaban resguardo personal a sus integrantes, muchas veces sin dar conocimiento a su comando.

Por esta razón, el fiscal Castro consideró que existe el peligro de que se siga eliminando testigos, ello como parte de su fundamento para pedir la detención preliminar de César Álvarez. (Andina)