Una comunidad en resistencia de pobladores, desalojada a la fuerza por la Policía el 23 de mayo pasado tras bloquear el paso de maquinaria, ha reavivado el conflicto por el funcionamiento de las empresas mineras en el país centroamericano. 

Los lugareños se hacen llamar "Comunidad en Resistencia Pacífica La Puya" y en marzo cumplieron dos años desde que se organizaron para bloquear la carretera de acceso a una empresa minera instalada en sus poblados, a 30 kilómetros de la ciudad de Guatemala.

La agrupación se opone a la extracción minera en defensa de los recursos naturales y del agua, un líquido que, según han dicho a los periodistas, escasea dentro de la región y que además temen que sea contaminado.

El día de los enfrentamientos, alrededor de 300 lugareños se reunieron en la carretera para evitar el acceso de maquinaria pesada a la mina Progreso VII Derivada, conocida como El Tambor, propiedad de la Empresa Exploraciones Mineras de Guatemala (EXMINGUA), subsidiaria de la estadounidense Kappes, Cassiday & Associates.

La Policía guatemalteca utilizó a las agentes para desalojar al grupo de mujeres en resistencia, quienes tumbadas en el suelo rehusaban desalojar la carretera. Minutos después sus compañeros despejaron el lugar con el lanzamiento de gases lacrimógenos. 

Menos de 48 horas después de ser desalojada, la comunidad en resistencia ya había levantado de nuevo su campamento: una caseta de 10 metros donde los vecinos se turnan 24 horas al día para mantenerse atentos a lo que pueda suceder.

Yolanda Oquelí, considerada la lideresa de La Puya, casi pierde la vida durante un atentado en junio de 2012 cuando dos hombres en una motocicleta le dispararon y aún tiene una bala alojada cerca de su columna vertebral.

En La Puya, la comunidad recupera poco a poco la calma y vuelve a la rutina en el campamento, habitado a toda hora por lugareños haciendo guardia