(Andina).- La Comisión de Ética acordó recomendar al Pleno del Congreso la suspensión por 120 días del congresista fujimorista Julio Gagó por haber contratado con el Estado, a través de la empresa Copy Depot, pese a estar impedido por la ley.  

De los siete legisladores que integran la comisión, seis votaron a favor y hubo una abstención, de la parlamentaria fujimorista Cecilia Chacón, quien reemplaza en dicho grupo de trabajo a su colega de bancada Juan Díaz Dios, por enfermedad.

Chacón aclaró que se abstuvo no por un tema de blindaje a su colega de bancada, sino porque considera exagerada la suspensión de 120 días, cuando la Fiscalía no ha encontrado delito penal en este tema, y sólo se trataría de una falta ética.

La propia Chacón calificó de lamentables las expresiones de Gagó que se escuchan en el audio, y señaló que así lo ha reconocido el mismo parlamentario y ha pedido disculpas por ello.

El presidente de la comisión, Humberto Lay, señaló que el segundo peritaje de los audios fue determinante para esta decisión, pues queda claro que el contenido de los mismo no fue alterado, como aducía Gagó.

Refirió que este segundo peritaje realizado por la Fiscalía señala que si bien se nota una copia del audio, no hay alteración ni cortes en las expresiones de Gagó, que ponen al descubierto su intención de montar un mecanismo para seguir vendiendo al Estado, a través de Copy Depot.

En el informe final de la secretaría técnica de ese grupo de trabajo se recomienda suspender al congresista Gagó por 120 días de sus funciones, por faltar a la investidura de su cargo, al buscar eludir la prohibición del artículo 10° de la Ley de Contrataciones del Estado, el cual indica que los congresistas están impedidos de licitar con el sector público.

“El congresista habría estado ocultando la verdad de los hechos, simulando que la persona de Amancio Armas Vílchez y la empresa Copy Depot S.A. son independientes de su persona y de la empresa Maquinarias Jaamsa (siendo lo real que, en los hechos, su persona dirigía la empresa Copy Depot S.A.), con la finalidad de que la empresa Jaamsa continúe beneficiándose con la venta de productos al Estado Peruano", dice el documento, que sugirió enviar todo lo actuado al Ministerio Público.

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