Miles de de niños centroamericanos que cruzan la frontera de México con Estados Unidos, ya sea para reunirse con sus padres o escapar de la violencia de sus países de origen, serán deportados ya que el gobierno de E.E.U.U no cuenta con la logística para albergarlos. 

Según señala la agencia de noticias EFE, la inmigración ilegal de menores es promovida por los traficantes de indocumentados, quienes difunden la falsa información que al pisar suelo estadounidense, los menores ya tienen resuelto el estatuto permanente en virtud de una supuesta reforma migratoria. En su mayoría, los niños provienen de Honduras, El Salvador, Guatemala principalmente.

Un caso que evidencia la dramática situación sucedió en El Salvador, cuando un juzgado de ese país condenó a cuatro años de cárcel a Óscar Dubón García por tráficos de personas, en perjuicio de un joven. El hecho ocurrió en el 2013. La madre de la víctima contactó al traficante para que su hijo pueda llegar a Estados Unidos. Por este trabajo Dubón cobraría 7.500 dólares, pero al llegar a México solicitó más dinero. El joven pudo escapar y las autoridades mexicanas migratorias capturaron al traficante y lo pusieron a disposición de la justicia de El Salvador.

Sobre el delicado tema, Gordon Jonathan Lewis, representante del Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (Unicef) El Salvador, señaló que son muchos los peligros a los que se exponen los menores en su travesía por escapar de la violencia o reunirse con sus familias. Por ejemplo, las niñas pueden ser víctimas de acoso sexual. Además, deben enfrentarse al clima adverso del desierto de Arizona. “Esto les genera un trauma bastante fuerte”, recalcó.

Según los registros oficiales de las autoridades estadounidenses han sido detenidos 9.850 niños salvadoreños, 11.470 guatemaltecos y 13.282 hondureños desde octubre del 2013 y hasta el 31 de mayo pasado.

Por su parte, el vicepresidente de Estados Unidos Joseph Biden anunció que su país destinará, a los tres países de donde los niños provienen, 9,6 millones de dólares para la reinserción de los repatriados y otros 244 millones para programas de desarrollo social y seguridad en la región.

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