(EFE).- La ONU presentó hoy en Panamá la primera edición de un documento que busca apoyar en América Latina a los encargados de la investigación y persecución penal de los responsables de la muerte violenta de mujeres por razones de género.
El informe, denominado "Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género", fue elaborado durante dos años por expertos internacionales, detalló la representante regional para Centroamérica del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Carmen Rosa Villa, durante la presentación.
"Es el momento de pasar a la acción y a la práctica en este grave problema (...) que se ha convertido en un fenómeno global de proporciones nunca antes imaginadas", indicó Villa.
La representante regional de Naciones Unidas explicó que el modelo de protocolo concierne no solo a los fiscales si no también a los jueces, a la Policía judicial y a los peritos porque lo que se quiere es garantizar los derechos de las víctimas.
Villa destacó que, según datos estadísticos de las entidades que administran justicia, en el mundo se registran anualmente 65.000 muertes por feminicidio, un alto porcentaje de ellos en los países latinoamericanos.
Sostuvo que en Argentina, en el primer semestre de 2012, se registraron 119 muertes violentas de mujeres, en el Ecuador se dieron 234 casos ese mismo año, mientras que en El Salvador en los primeros cuatro meses de 2013 hubo 64 feminicidios y en Panamá se dieron 20 muertes violentas de mujeres en lo que va de 2014.
Asimismo, agregó que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), más del 38 % de las muertes violentas de mujeres ocurridas en el mundo en 2013 fueron cometidas por su pareja.
"Nuestra preocupación radica sobre todo cuando el Estado no responsabiliza a los autores por esos hechos y cuando no se determina quién es el responsable, creamos la percepción de que estas conductas son permitidas y no son sancionadas", añadió.
Por su parte, la directora para las Américas y el Caribe de ONU Mujeres, Anna Coates, dijo que el feminicidio es una manifestación extrema de la desigualdad de género y de violencia que afecta a la sociedad actualmente y que va en aumento en Latinoamérica.
Expresó que al menos 2.200 mujeres y niñas fueron asesinadas en los últimos diez años en Guatemala, México y Perú, y que muchos de estos asesinatos fueron precedidos por abuso sexual y tortura.
Ante esta realidad, precisó que el modelo de protocolo envía un mensaje "inequívoco" de no tolerancia a la violencia, un alto a la impunidad, así como un llamado de acceso a la Justicia.
Según ONU Mujeres, desde 2007, varios países latinoamericanos empezaron a tipificar el feminicidio o femicidio como tal y lo incluyeron en leyes especiales para proteger a las mujeres, mientras que otros hicieron reformas legislativas para incluir ese delito en sus códigos penales.
En Bolivia el feminicidio se castiga con 30 años de cárcel sin derecho a indulto, en Panamá las penas son de 25 hasta 30 años de cárcel, según las circunstancias, en Nicaragua y Perú el delito está tipificado de 15 a 20 años; con 30 y 60 en Guatemala, México y Colombia y con prisión perpetua en Chile y Argentina, según datos de la ONU.
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