(EFE).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) indicó hoy que la respuesta del Gobierno mexicano al caso de 43 estudiantes desaparecidos en Iguala (Guerrero) no podrá medirse del todo hasta que no sean hallados, por lo que instó a hacer más para responder a la "grave crisis" que vive el país.
Representantes del Gobierno mexicano y de ocho organizaciones de derechos humanos debatieron hoy sobre la respuesta oficial a la desaparición de estudiantes de la escuela Normal de Ayotzinapa el pasado 26 de septiembre, durante una audiencia ante la CIDH.
"La pregunta es: ¿cuántos estudiantes han aparecido? Se han emprendido acciones, se reconocen y se validan, pero creo que es más importante subrayar que la expectativa de los padres es encontrar a los jóvenes con vida", dijo en la sesión el secretario ejecutivo de la CIDH, el mexicano Emilio Álvarez Icaza.
La CIDH concedió el pasado 3 de octubre medidas cautelares para que el Gobierno de México active todas las acciones para determinar el paradero de los jóvenes, y las organizaciones que acudieron hoy a la audiencia subrayaron la falta de avances en ese sentido.
"Hoy no estamos todos aquí. Hoy nos faltan 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa", señaló la abogada Priscila Rodríguez, una de las solicitantes de la audiencia, antes de que sus compañeros leyeran, uno a uno, los nombres de los jóvenes desaparecidos.
Frente a un enorme cartel que rezaba "Vivos se los llevaron, vivos los queremos", los manifestantes pidieron un minuto de silencio en memoria de los seis estudiantes ejecutados el 26 de septiembre, la misma noche en que desaparecieron los otros 43.
Según la investigación, los policías que mataron a los seis jóvenes entregaron a los 43 restantes al cártel Guerreros Unidos, cuyo líder, Sidronio Casarrubias, ordenó su desaparición creyendo que se trataba de miembros de Los Rojos, un grupo criminal rival.
La subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación de México, Lía Limón, aseguró que "el Estado mexicano no descansará hasta aclarar los hechos, castigar a los responsables y atender de manera integral a todas las víctimas".
"Hoy nuestro país está viviendo un momento que, sin duda, pone a prueba nuestros avances normativos y la fortaleza institucional en materia de derechos humanos, y obliga a las autoridades a tomar medidas para erradicar definitivamente hechos de esta naturaleza", afirmó el secretario ejecutivo.
Icaza subrayó que hay una "grave crisis" a raíz del caso de Iguala y el de Tlatlaya (México), donde 22 civiles murieron presuntamente a manos de militares el 30 de junio.
"Pero lo lamentable es que son patrones que venían sucediendo antes. Lo dramático es la dimensión, pero no hay sorpresa en términos de la ocurrencia", lo que es "preocupante", agregó.
En el mismo sentido, las organizaciones denunciaron que el Estado mexicano se dedicara a exponer en la audiencia su Programa Nacional de Derechos Humanos para 2014-2018, al denunciar que este no se traduce en "avances concretos, rendición de cuentas, y prevención", en palabras de Gabriela Morales.
"La crisis humanitaria de personas desaparecidas, asesinadas, desplazadas, torturadas, lesionadas, consideramos que ha sido ignorada, maquillada, escondida, simulada, reducida a estadísticas manejadas por el propio Gobierno", indicó Morales, del centro de derechos humanos Fray Matías de Córdova.
La activista destacó que "la cifra oficial de personas desaparecidas es de 22.322 más 43", y que queda "sin resolver el paradero de 12.532 personas" de las "más de 29.000 no localizadas durante el sexenio de Felipe Calderón" (2006-2012).
"Hay elementos de extraordinaria gravedad que conectan lo que hoy está sucediendo con el sexenio anterior", dijo Icaza a periodistas.
"El fenómeno de las desapariciones forzadas en México es un fenómeno que ha llegado a miles de personas, no es un fenómeno nuevo. Yo mismo fui partícipe del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad donde hubo expresiones así por todo el país, y es un fenómeno doloroso, profundo, que ha roto el tejido social", añadió.
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