El Gobierno ya planteó al Congreso sus medidas para fortalecer la seguridad ciudadana y la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, a través de un proyecto de ley por el cual solicita la delegación de facultades en esta materia, por un periodo de 120 días.
La iniciativa, que puede leerse completa aquí, incluye siete puntos centrales:
1. Fortalecer la seguridad ciudadana, la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, en especial para combatir el sicariato, extorsión, el tráfico ilícito de drogas e insumos químicos, la usurpación y tráfico de terrenos y la tala ilegal de madera. Se busca así contar con un marco legal articulado que proporcione herramientas para los operadores de justicia encargados de la prevención, investigación, juzgamiento y ejecución penal. Además, se hace necesaria una efectiva delimitación y aplicación del delito de prevaricato.
2. Mejor control de los ciudadanos extranjeros involucrados en actos ilícitos que pretenden ingresar al país; paralelamente se propone potenciar la supervisión de vehículos menores que por su maniobrabilidad son utilizados para asaltos, robos y homicidios. También señala la necesidad de establecer el uso de sistemas de controles electrónicos por las empresas que brindan servicios de comunicaciones, financieros, pasajeros nacionales e internacionales, carga y mensajería.
3. Fomentar el desarrollo de las actividades privadas de seguridad, articulando la información que puedan estas tener para mejorar la seguridad ciudadana. Además, apunta la necesidad de estandarizar el uso de los sistemas de videovigilancia para prevenir, investigar y combatir hechos delictivos.
4. Potenciar la capacidad operativa de la Policía Nacional, fortaleciendo la investigación criminal, inteligencia, tecnologías, y el beneficio de recompensas para promover la captura de miembros de "organizaciones criminales, terroristas y responsables de delitos de alta lesividad". Asimismo, señala que es necesario regular el uso racional de la fuerza por parte de la Policía Nacional como fuerza pública, conforme a los estándares internacionales que hay sobre la materia.
5. Ante el hacinamiento en las cárceles, se abordarán metodologías eficientes para ampliar la capacidad de albergue (asociaciones público-privadas, permutas, participación privada en construcción de nuevos penales bajo lineamientos del INPE). También otras medidas de control como la implementación definitiva de la vigilancia electrónica personal y la entrega de beneficios penitenciarios mediante una lógica de reinserción y no por simple cómputo matemático de 1/2 o 1/3 de la pena.
6. Optimizar el sistema nacional de los registros públicos. En dicho aspecto se advierten vacíos legales que son aprovechados por quienes buscan apropiarse de bienes inmuebles (casas, terrenos, departamentos) y afectan el legítimo derecho de propiedad. Frente a ello se establecerán parámetros normativos que fortalezcan la actuación de los Registros Públicos y prevenir actos fraudulentos cometidos por las mafias.
7. Fortalecer el sistema de defensa jurídica con especial énfasis en el aseguramiento del pago de las reparaciones civiles por delitos en agravio del Estado, mejorando la supervisión y control del ejercicio de la defensa jurídica del Estado a cargo de los procuradores públicos.
El proyecto puede leerse completo en este enlace.
Se espera que el Pleno del Congreso discuta el pedido en su sesión del próximo jueves.
(Con información de Andina)
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