(EFE).- El Consejo de Estado pidió a la Fiscalía colombiana investigar a las FARC por el desplazamiento forzado del que fue víctima un campesino en 1999 en una zona que el Gobierno de la época desmilitarizó para un frustrado proceso de paz con esa guerrilla.
El máximo tribunal de la justicia contencioso-administrativa en Colombia señaló en un comunicado que las FARC transgredieron "las disposiciones del Derecho Internacional Humanitario al provocar el desplazamiento forzado del dueño de tres predios" ubicados en el municipio de Mesetas, en el departamento del Meta, que hizo parte de la "zona de distensión" para diálogos de paz.
También solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizar un informe especial relativo a las violaciones a los derechos humanos y al DIH que se hubieran podido cometer con ocasión de la zona de distensión y se efectúen, por parte de ese organismo, las recomendaciones y se ordenen las medidas a las que haya lugar.
La zona desmilitarizada comprendía casi 43.000 kilómetros cuadrados en municipios de los departamentos del Meta y Caquetá que el entonces presidente colombiano Andrés Pastrana (1998-2002) autorizó en el sur del país para un proceso de paz con las FARC que comenzó en 1998 y finalizó sin éxito en 2002.
Según la demanda del campesino Francisco Ocampo Ospina, en diciembre de 1999 hombres armados ingresaron a sus predios y hurtaron ganado y otros enseres, luego de recibir amenazas constantes para que se cancelara la denominada "vacuna" (extorsión) y por ese motivo "se vio obligado a abandonar sus tierras", añade el documento del Consejo de Estado.
Pese a que no se logró establecer el número de cabezas de ganado perdidas por el campesino, el Consejo de Estado encontró que con la puesta en marcha de la "zona de despeje" el demandante no pudo seguir ejerciendo sus derechos "debido a las amenazas por parte de las FARC".
"La Sala ha considerado que en aquellos casos en los que se verifique una actuación legítima por parte de una autoridad administrativa, pero que con cuya ocasión se haya generado un daño antijurídico, se ve comprometida la responsabilidad patrimonial del Estado", indica la sentencia.
El fallo agrega que teniendo en cuenta que en Colombia existe un conflicto armado, es deber de las partes respetar las disposiciones del Derecho Internacional Humanitario.
