El alcalde de la ciudad colombiana fronteriza de Cúcuta, Donamaris Ramírez Lobo, anunció hoy que interpondrá una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, por delitos de lesa humanidad:

"Este martes estaré en Washington y el miércoles estará la denuncia contra Maduro ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por delitos de lesa humanidad".

Ramírez Lobo detalló que en la denuncia se recoge "toda la violencia física, psíquica, maltratos, violación de domicilios y el secuestro temporal" que han sufrido algunos de los cerca de 5.000 colombianos deportados o desplazados que han llegado a Cúcuta desde que Maduro ordenó el cierre de ese punto de la frontera, hace nueve días.

Maduro también declaró medidas de excepción en seis municipios del estado Táchira fronterizos con Colombia como parte de una campaña contra el contrabando y supuestos paramilitares.

Al amparo de esas disposiciones han sido deportados los colombianos, política que el alcalde condenó hoy en duros términos y por la cual acudirá a la CIDH:

"Es la única manera de que este reyezuelo en lo que se ha convertido Nicolás Maduro entienda que no puede seguir haciendo lo que quiere, convirtiendo sus acciones en un éxodo y expulsando de esa manera a los colombianos".

La decisión del alcalde de acudir a la CIDH va en la línea del oficialista Partido de la U, al que pertenece el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, que decidió por unanimidad ayer "demandar" también al mandatario venezolano ante este mismo organismo internacional.

Por otro lado, el principal partido de la oposición, el Centro Democrático, liderado por el expresidente colombiano Álvaro Uribe, solicitó este miércoles "medidas cautelares" ante la CIDH para proteger a los colombianos deportados de Venezuela.

El alcalde de Cúcuta consideró que "son los organismos internacionales los que tienen las facultades para hacer un juicio imparcial" al asegurar que "la justicia y el Congreso venezolanos están comprados y subyugados al régimen de Nicolás Maduro".

"No sentimos que ninguna denuncia allí (en Venezuela) pueda prosperar", agregó.

La Comisión y la Corte son los órganos judiciales de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuya misión es salvaguardar la Convención Americana sobre Derechos Humanos que entró en vigor el 18 de julio de 1978.

Colombia y Venezuela son signatarios de esta Convención, países que se suman a las otras 23 naciones americanas que han ratificado este acuerdo.

La sede de la Comisión está en Washington, mientras que la Corte se encuentra en San José de Costa Rica, está compuesta de siete jueces y su presidente es el colombiano Humberto Antonio Sierra. (EFE)

(Foto de cabecera: impactocna.com)