Pese a sus esfuerzos por evitarlo, el Congreso de Guatemala retiró este martes la inmunidad al presidente de esa nación, Otto Pérez Molina, en atención al pedido que hiciera la comisión investigadora, tras verificar las pruebas existentes sobre su participación en la estructura de defraudación aduanera conocida como "La Línea".
La decisión, sin precedentes en la historia contemporánea del país, se tomó luego de que más de la tercera parte del Congreso decidiera retirar de manera inmediata la inmunidad del mandatario.
El despojo de esta exención amparada en la Constitución de la República de Guatemala también es apoyada por la Procuraduría de los Derechos Humanos y varias organizaciones tras considerar que existen suficientes pruebas que lo implican en los actos de corrupción.
A la sesión plenaria del Congreso en que se tomó esta histórica decisión asistieron 132 de los 158 diputados. La aprobación de la moción fue abrumadora: un solo voto en contra, el del diputado del Partido Patriota (en el poder), Gregorio Nolasco.
¿Qué viene ahora?
El Parlamento deberá enviar el resultado de la votación ante el Supremo, que designará a un juez de alto impacto para que procesar al mandatario.Quitarle la inmunidad al presidente Pérez Molina significa que las autoridades pueden emitir una orden de arresto en su contra y juzgarlo en tribunales ordinarios por los delitos de corrupción que se le acusa.
Al emitir la orden de aprehensión, el vicepresidente, Alejandro Maldonado, asumirá de inmediato el cargo como mandatario interino hasta que se logre una sentencia firme.
Contexto
El Ministerio Público (MP) de Guatemala y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) acusaron al presidente Otto Pérez Molina de participar la red de defraudación aduanera junto a la exvicemandataria Roxana Baldetti, quien ya está en prisión preventiva.
Integrantes de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad del MP y la Cicig presentaron una grabación en las que se comprueba su presunta participación en el caso llamado "La Línea".
Pérez Molina negó en reiteradas oportunidades tener relación con el caso y dijo que el audio usado como prueba de su participación está sacada de contexto.
En una primera reacción oficial, Jorge Ortega, portavoz presidencial, dijo que el Gobierno es respetuoso de la legalidad y se someterá a la ley. “Colaboraremos en las investigaciones de la Fiscalía y la Cicig”, añadió.
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