El Tribunal Constitucional (TC) de Bolivia rechazó la impugnación presentada por la Defensoría del Pueblo de un decreto que supuestamente vulnera derechos de los pueblos indígenas en la exploración de hidrocarburos o la construcción de infraestructuras en sus territorios. 

El Constitucional alegó que la impugnación "no desarrolla ningún argumento de inconstitucionalidad" de los dos artículos observados en el decreto, lo que le impide someter esa norma "al control de constitucionalidad", señaló en un comunicado difundido hoy la Defensoría, que presentó la demanda en julio.

El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, lamentó la decisión del Constitucional porque, según dijo, "muestra una preocupante superficialidad y falta de objetividad en el tratamiento de un tema tan importante y trascendental" para el país.

Los artículos demandados por la Defensoría regulan la forma en que las petroleras o el Estado compensarán a los pueblos indígenas cuando se hagan actividades extractivas u obras de infraestructura en las regiones donde viven.

La demanda sostiene que las medidas del Gobierno son inconstitucionales porque establecen que un acuerdo entre empresa e indígenas debe determinar cómo se invertirá la compensación y porque se fijan plazos perentorios a las comunidades para lograr acuerdos.

Según la Defensoría, esos artículos señalan que los proyectos sociales o productivos podrán ser ejecutados por los pueblos indígenas o por medio de entidades públicas y privadas.

Villena aseguró que su oficina sí demostró "jurídicamente" que los artículos observados vulneran "de manera flagrante y evidente" el derecho de los indígenas de decidir "con sus propias normas y procedimientos el destino de los recursos de compensación".

Indicó que esos apartados establecen "mecanismos de injerencia e incluso de imposición de proyectos y de procedimientos que convierten a las comunidades indígenas afectadas en objeto de medidas y proyectos" decididos por las instancias gubernamentales.

El funcionario también expresó su preocupación por el hecho de que la demanda de la Defensoría fue publicada en el sitio oficial del TC recién cuando se divulgó el resultado, y que el documento de rechazo está fechado en julio, pero fue difundido este mes.

Anunció que la Defensoría volverá a presentar la demanda contra el decreto e incluirá "todos los argumentos posibles" para evitar un nuevo rechazo. (EFE)