A un año de la masacre de los estudiantes de Iguala, México sigue sin saber exactamente cómo se perpetró ese crimen y sin conocer todas las instancias implicadas. El caso reveló los vínculos entre autoridades estatales y el crimen organizado, y ha terminado por salpicar a las fuerzas armadas locales, pero las averiguaciones siguen presentando demasiados agujeros y lagunas como para atribuir responsabilidades definitivas. 

“Hubo mucho movimiento en México para evitar que se hicieran pesquisas profundas en torno a este incidente”, señala Christiane Schulz, del Instituto Alemán para los Derechos Humanos, subrayando que todos los estudios sobre impunidad en ese país norteamericano apuntan a que las instituciones incurren frecuente y sistemáticamente en encubrimiento de irregularidades y en negligencia a la hora de investigar.

Durante la noche del 26 de septiembre de 2014 y la madrugada del día siguiente, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa –un pueblo del estado mexicano de Guerrero ubicado a 257 kilómetros al sureste de Iguala– desaparecieron. Todos han sido declarados muertos, pero los cadáveres no han sido hallados todavía. Y aunque las autoridades dan el caso por el cerrado, su versión de los hechos es controvertida.

Varias instancias destejen la versión oficial 

Oficialmente se ha dicho que la policía detuvo los autobuses en los que viajaban los estudiantes, los obligó a bajar del vehículo y se los entregó a un grupo de narcotraficantes. Se supone que los criminales asesinaron a los jóvenes y luego quemaron sus cuerpos en un basurero. Sin embargo, una comisión de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha puesto en duda esa narrativa.

En un informe publicado el 6 de septiembre, la CIDH plantea que los autores materiales de la masacre no contaban con suficiente combustible como para deshacerse de los cadáveres de los estudiantes y que el fuego del basurero aludido no ardió lo suficiente como para permitirlo. También el diario español El País ha refutado la versión oficial de los hechos, remitiéndose a declaraciones de testigos a las que la CIDH no tuvo acceso.

Las confesiones en cuestión sugieren que la inteligencia militar mexicana estaba al tanto de lo que ocurría en Iguala y no intervino de ninguna manera para proteger a los estudiantes. “No te acerques mucho ni te arriesgues”, le habría dicho el lugarteniente Joel Gálvez al soldado Eduardo Mota cuando éste fotografiaba el arresto de los estudiantes en Iguala para entregar las imágenes a los servicios secretos.

Piden ejercer más presión sobre el Gobierno mexicano 

Ambos militares declararon ante la Fiscalía mexicana y sus confesiones fueron incluidas en un protocolo leído posteriormente por reporteros de El País. Estas revelaciones ejercen una enorme presión sobre el Gobierno de Enrique Peña Nieto, quien apenas ahora anuncia su disposición a reunirse con los familiares de los desaparecidos. Pero también Alemania siente los coletazos de este escándalo.

Desde hace cinco años y medio, la Fiscalía de Stuttgart está a cargo del proceso contra el fabricante alemán de armamento Heckler & Koch, acusado de falsificar documentos para que el Ministerio de Economía germano le permitiera exportar armas de fuego a estados mexicanos afligidos por la violencia y las violaciones de derechos humanos. La prensa ha informado que las armas Heckler & Koch terminaron en manos de policías y mafiosos.

A juicio de Schulz, del Instituto Alemán para los Derechos Humanos, Alemania y la Unión Europea deben reaccionar y ejercer más presión sobre México. Por ejemplo, suspendiendo la negociación para el Tratado de Seguridad que México ansía firmar con Alemania desde 2011.

Fuente: DW