Los diálogos de paz colombianos cumplen el 19 de noviembre tres años desde su inicio en La Habana, en un momento de cuenta atrás hacia la paz pero todavía pendientes de que el Gobierno y las FARC acaben de cerrar acuerdos medulares como la justicia o las condiciones para un cese al fuego bilateral. 

El histórico apretón de manos entre el presidente, Juan Manuel Santos, y el líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Rodrigo Londoño (alias "Timochenko") el pasado 23 de septiembre en La Habana marcó un punto de inflexión en una negociación que se enfrenta a la hora de la verdad con el plazo de seis meses fijado para poner fin a más de medio siglo de conflicto armado, el más longevo de América Latina.

Plazo que tiene como fecha tope el 23 de marzo de 2016 y que obliga a los negociadores del gobierno y guerrilla a intensificar esfuerzos y superar diferencias en los temas que quedan por cerrar, entre ellos el acuerdo definitivo sobre el sistema de justicia que se aplicará cuando se rubrique la paz. k

Este contempla una "jurisdicción especial de paz" para delitos de lesa humanidad y graves crímenes de guerra, con competencia sobre todos los actores implicados en el conflicto y que incluye beneficios para quienes reconozcan su responsabilidad. 

Un avance sustancial en el que ha sido uno de los asuntos más espinosos de las conversaciones de paz, si bien quedan polémicos flecos por rematar como la concreción de la privación de libertad "en condiciones especiales" que contempla el acuerdo; las extradiciones o la forma de elección de los magistrados del tribunal especial de paz, entre otros.

La mesa de negociación tiene también entre sus tareas pendientes cerrar el acuerdo sobre las víctimas del conflicto, que incluye los componentes de verdad, reparación y garantías de no repetición.

La recta final hacia la paz se completará con el punto sobre el fin del conflicto, que contempla, entre otros aspectos, las condiciones del cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo o la dejación de armas por parte de la guerrilla, que según el acuerdo sobre justicia se realizará en un plazo de 60 días después de la firma del acuerdo definitivo de paz. 

Para preparar el fin del conflicto trabaja desde hace más de un año una subcomisión técnica de carácter consultivo (no es una instancia negociadora) conformada por altos mandos militares colombianos y guerrilleros de las FARC.

Las conversaciones atravesaron uno de sus peores momentos a partir de mediados de abril, tras el ataque guerrillero en el que murieron once soldados y que provocó el reinicio de los bombardeos contra campamentos de la insurgencia, el fin del alto el fuego indefinido que las FARC declararon en diciembre de 2014 y el recrudecimiento de la guerra.

Ante esa situación, Cuba y Noruega -los países garantes del proceso de paz- reclamaron en julio a las partes bajar la intensidad del conflicto y medidas para construir confianza, un llamamiento que Gobierno y guerrilla recogieron con el anuncio de un plan para agilizar acuerdos de cara a un alto el fuego bilateral y definitivo.

En el lado de los logros, además del documento sobre justicia transicional y el espaldarazo que supuso para el proceso la fotografía de Santos y Timochenko juntos en La Habana, los negociadores del Gobierno y las FARC han logrado este año dos significativos acuerdos: uno sobre desminado y otro para la búsqueda e identificación de desaparecidos durante el conflicto. 

A lo largo de 2015 se ha producido además una mayor implicación y apoyo internacional a los diálogos de paz colombianos con la decisión de diversos organismos de nombrar delegados en ese proceso, como el caso de Naciones Unidas con el francés Jean Arnault o la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), con el uruguayo José Bayardi.

Nombrados respectivamente en julio y agosto pasados, Bayardi y Arnault tiene como misión asistir a los negociadores de la guerrilla y el Estado colombiano en el diseño de un sistema de verificación internacional de los acuerdos para el cese definitivo de las hostilidades.

También EEUU y la Unión Europea (UE) han nombrado este año sendos enviados especiales para el proceso de paz colombiano, en concreto, Bernie Aronson y el exministro irlandés Eamon Gilmore, respectivamente (EFE). 

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