El Gobierno chileno presentó una Ley Corta para cumplir con la gratuidad en la educación universitaria para el próximo año, tras sufrir al inicio de esta jornada el rechazo del Tribunal Constitucional (TC), que impugnó el proyecto educativo del Ejecutivo por considerarlo insuficiente.
El proyecto, que se discute a partir de esta jornada en la comisión de Hacienda del congreso chileno y que pasará este martes a la sala parlamentaria, busca asegurar la gratuidad en la educación superior a la mayor cantidad de estudiantes de bajos ingresos (vulnerables) para el 2016.
La ministra de Educación, Adriana Delpiano, señaló a los periodistas que "los requisitos para las universidades es que sean todas 4 años (de acreditación) y sin fines de lucro", y agregó que "todas las universidades estatales quedan dentro. Se entiende que todas las instituciones del Estado son especiales", apostilló.
La ministra enfatizó que en esta ley entrarán todas las universidades estatales, corrigiendo el trascendido que excluía a la Universidad Técnica Metropolitana (UTEM), la Universidad de Los Lagos y la Arturo Prat, todas casas de estudios superiores fiscales.
A primeras horas de este lunes, el TC difundió el fallo que rechaza la glosa de gratuidad por ser señalada como discriminatoria entre alumnos de igual vulnerabilidad.
El fallo fue presentado por políticos de oposición que aseguraron que el proyecto de gratuidad del gobierno no aseguraba el ingreso al sistema educativo a los estudiantes más pobres de la población.
Frente a la decisión del TC, el Gobierno optó por enviar la llamada Ley Corta para cumplir con la gratuidad para la educación superior en 2016, y concretar el proyecto antes de que los estudiantes chilenos reciban los resultados de la Prueba de Selección Universitaria (PSU), examen estandarizado necesario para acceder a las universidades chilenas.
Este proyecto, que es apoyado por todos los jefes políticos del oficialismo, beneficiaría a más de 300 mil estudiantes, cifra mayor a la del plan inicial, que ha liderado la presidenta Michelle Bachelet.
"Estamos obligados a tener una solución a los estudiantes de Chile, sus familias, ya que el día en que postulen sepan dónde hacerlo y en qué condiciones", enfatizó Delpiano
La autoridad de educación agregó que el fallo del TC mantiene la incertidumbre en el proceso de postulaciones e inscripciones a las universidades chilenas que comienza el próximo 27 de diciembre.
En Chile los estudiantes deben pagar en promedio más de 6.000 dólares al año para acceder al sistema superior, que se reparte entre las universidades fiscales, estatales e institutos técnicos y profesionales.
El Estado ayuda a los estudiantes más vulnerables con becas y créditos, pero en los últimos años, según datos del Banco Mundial, "la manera en que está construido el sistema universitario chileno le permite a los bancos acumular una rentable cartera libre de riesgo cargándole al Estado un segmento de alto costo y cobrando primas exageradas".
Con esta modalidad, los estudiantes cuando se titulan se ven en la obligación de comenzar a pagar los créditos, que son otorgados tanto por entidades comerciales como por el Estado, por un tiempo prolongado de no menos de quince años.
Este sistema de financiación universitaria ha permitido que las casas de estudios superiores privadas generen cuantiosas ganancias a partir de la educación, pese a que la Carta fundamental lo prohíbe.
