El martes último el Gobierno de Donald Trump difundió las nuevas directrices con las que busca ampliar el número de deportaciones y acelerar los procesos de expulsión de indocumentados, lo que pone en riesgo a unos 11 millones de inmigrantes que se estima viven bajo esta condición en Estados Unidos.
Las modificaciones incluyen acelerar y ampliar las deportaciones inmediatas, una mayor competencia policial y detención de los inmigrantes hasta la espera de la resolución de su caso. Son condiciones mucho más duras que las que estaban vigentes hasta ahora.
Sin embargo, la tarea es complicada, tediosa y costosa. Deportar a un inmigrante que está de forma ilegal en EEUU puede implicar un proceso judicial de meses y hasta localizar a quienes tienen orden de deportación puede ser complicado.
En relación a las deportaciones inmediatas, las nuevas directrices amplían el margen para su ejecución que permiten a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y a la guardia fronteriza deportar a los inmigrantes de forma más rápida y sin necesidad de presentarlos ante un juez de inmigración.
Desde ahora, esta modalidad afectará a quienes hayan ingresado en el país en los últimos dos años, independientemente del lugar de Estados Unidos en que se encuentren, mientras que anteriormente se aplicaba a personas que hubieran entrado al país en los últimos 14 días y que se encuentren en un área de 160 kilómetros de distancia de la frontera.
Otro punto que se modificó es la política de "capturar y liberar" que hasta ahora permitía soltar a quienes eran detenidos por estar en el país sin documentos legales a la espera de ser procesados por un juez de inmigración.
A partir de este momento, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) enviará a los arrestados a un centro de detención a la espera de la resolución de su caso. La aplicación de esta nueva directiva dependerá, por lo pronto, de la disponibilidad de suficientes lugares de reclusión y de recursos económicos para mantener a las personas detenidas mientras dura el proceso.
Anteriormente, una persona sin documentos detenida podía quedar en libertad bajo fianza si no tiene un historial criminal ni una orden de deportación final. Los factores que tomaban en cuanta las autoridades eran sus lazos en la comunidad, familiares ciudadanos o residentes y un trabajo fijo.
Hasta este entonces, ningún otro presidente de EEUU deportó a tantos inmigrantes como lo hizo Barack Obama entre 2009 y 2017: 2,5 millones de personas, según cifras del Departamento de Seguridad Nacional. No obstante, se daba prioridad a los indocumentados condenados por delitos graves o que representaran una amenaza para la seguridad nacional, pero con Trump, se amplía el tipo de infracciones y delitos.
Como candidato, el actual presidente de EEUU prometió expulsar del país a 11 millones de personas, una cifra equivalente al número de indocumentados que se calcula hay en el país, pero luego ya en la Casa Blanca, matizó su meta y dijo que removerá "hasta 3 millones" que tengan "antecedentes criminales, miembros de pandillas o traficantes de drogas".
El Migration Policy Institute (MPI), un centro de análisis sobre migración, indica que hay unos 820.000 inmigrantes indocumentados con condenas criminales, lo que incluye delitos menores, y un millón que podrían ser deportados por sus antecedentes.
¿Ser indocumentado es un delito?
Un inmigrante aun estando en falta con las leyes de inmigración no está cometiendo una falta criminal, pero sí civil. Hasta ahora, para que un proceso de deportación se inicie, la persona involucrada debió haber infringido una ley, desde una regla de tránsito hasta un crimen mayor.
La deportación es el resultado de una cadena de acciones: la policía local -que no es la que persigue inmigrantes indocumentados- detiene a una persona por una falta y puede pedir una identificación.
Pero también puede ser que las autoridades comprueben que violó la ley de inmigración, como cuando su visa o tiempo de estancia expiró, o hay un operativo para detectar inmigrantes sin documentos.
Si son detenidos, pueden solicitar alguno de los nueve beneficios que ofrece la ley, como por ejemplo regularizar su estatus, diferir la deportación o solicitar asilo si no cometieron algún delito grave.
Las leyes de inmigración son federales, por eso los encargados de hacerlas cumplir son los agentes del ICE o del Servicio de Ciudadanía e Inmigración, conocidos coloquialmente como "la migra".
Sí hay operativos o redadas para la localización de indocumentados, pero regularmente se dan en áreas rurales, en la frontera sur y raramente en las llamadas "ciudades santuario", según la organización de protección a migrantes Puente, con sede en Arizona.
Trump exigió a los gobiernos de esas ciudades (Los Ángeles, San Francisco, Chicago, Houston, Seattle, Phoenix, Nueva York, entre otras) que colaboren con las agencias federales, o retiraría apoyos económicos.
A pesar de que haya redadas en la vía pública, los abogados de inmigración advierten que ningún funcionario del ICE u otra agencia puede ingresar a una propiedad privada sin una orden judicial.
El proceso de deportación formalmente inicia cuando una corte de inmigración recibe el caso. Si el juez encuentra una violación a la ley de inmigración, autoriza la deportación que ejecutan los agentes del ICE.
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