La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, completa hoy los primeros 100 días de su segundo mandato con su popularidad por los suelos, acosada por los escándalos de corrupción y obligada a sortear las turbulencias económicas y disputas permanentes con el Congreso. 

La frágil situación económica y la crisis política han colocado a Rousseff en una delicada situación, inédita para un gobernante brasileño en el inicio de un periodo presidencial, e incluso ha tenido que enfrentar manifestaciones multitudinarias en su contra y eludir presiones de sectores que piden abiertamente su destitución.

Rousseff está bajo el fuego cruzado de una oposición que salió reforzada de las urnas, de unos socios de Gobierno que le han puesto ingentes trabas en el Congreso para conseguir contrapartidas y de los grupos de izquierda descontentos por sus políticas económicas, que tachan de "neoliberales", y por considerar que ha relegado algunas banderas de los movimientos sociales.

Las tensiones con sus propios socios de Gobierno le han forzado a Rousseff a relevar a cuatro ministros y a delegar las funciones de coordinación entre el Ejecutivo y el Congreso a su vicepresidente, Michel Temer, lo que según algunos sectores críticos ha supuesto una importante renuncia de poder político.

Temer es un eminente dirigente del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), fuerza de centroderecha aliada a Rousseff, pero que en el Congreso ha votado varias veces en contra de los intereses del Partido de los Trabajadores (PT) de la mandataria.

En su rifirrafe con la jefe de Estado para obtener prebendas, los socios de Gobierno frenaron en la Cámara de los Diputados los planes de ajuste de la economía -lo que contribuyó al hundimiento del real frente al dólar- y están llevando adelante una polémica reforma laboral que ha soliviantado a los sindicatos.

El panorama económico es delicado, el PIB se estancó en 2014 (0,1 %) y según todas las previsiones sufrirá una recesión este año, la inflación es la más elevada en una década (8,13 % interanual) y las cuentas públicas están en números rojos.

Para corregir el déficit, Rousseff dio plenos poderes en la política económica al ministro de Hacienda a Joaquim Levy, de perfil tecnócrata, quien está desarrollando un plan de austeridad que ya ha comenzado a ralentizar la actividad económica y está presionando al alza el desempleo.

El plan de ajuste contempla un drástico corte de gastos, la subida de impuestos e intereses y el corte de varios subsidios y pensiones, lo que ha desagradado especialmente a los sindicatos y a los sectores más a la izquierda.

Este complicado escenario se ha enredado en exceso por el gigantesco escándalo de corrupción en la petrolera estatal Petrobras, que ha tenido repercusiones económicas y políticas de gran calado.

La tasa de aprobación del Gobierno ha caído al 13 %, según una encuesta divulgada el mes pasado, un mínimo histórico para una nueva administración.

El descontento de los brasileños se plasmó en una manifestación multitudinaria ocurrida el pasado 15 de marzo, que congregó a cerca de dos millones de personas en decenas de ciudades del país en contra de la corrupción y de la propia Rousseff.

Varios grupos opositores, con el apoyo explícito de los principales partidos contrarios a la presidenta, han convocado una nueva manifestación similar para el próximo domingo.

Mientras, los sindicatos convocaron a una huelga nacional para el próximo miércoles contra el proyecto de ley aprobado en la Cámara de los Diputados que permite a cualquier empresa, pública o privada, tercerizar toda su actividad económica.

El PT y la propia Rousseff se oponen a ese proyecto de ley, que temen que puede aumentar la precariedad laboral, pero en plena crisis con sus socios de Gobierno y después de delegar poderes en su vicepresidente, la mandataria se ha quedado con escaso margen de negociación.

Para mejorar su imagen, Rousseff ha concentrado sus esfuerzos en las últimas semanas en enfocar su discurso en el área social, la que más rédito le ha granjeado, en especial entre los más pobres, por las exitosas políticas de distribución de renta y de construcción de viviendas populares desarrolladas en los últimos años.

Asimismo la presidenta presentó un paquete de medidas contra la corrupción y prometió castigar a todos los responsables del caso Petrobras, que de momento ha salpicado a cerca de 50 políticos, entre ellos el tesorero del PT, Joao Vaccari.

El centésimo día de su segundo mandato Rousseff está en pleno viaje hacia Panamá, donde participará en la VII Cumbre de las Américas (EFE).